NOTA ACLARATORIA: Este artículo fue publicado en noviembre de 2022 en estas mismas páginas cuando el gobierno de Biden autorizó a la petrolera Chevron a retomar la extracción y exportación de petróleo en Venezuela tras años de parálisis. Han transcurrido cuatro años desde entonces. El lector juzgará los cambios ocurridos desde entonces.
El dueño del garrote escoge a quien golpear. Y también a quién no, ―al menos por algún tiempo. Así podrían definirse las medidas que recientemente se han conocido ―pocas, en verdad―, sobre la reanudación de extracción de petróleo en Venezuela por cuenta de la gigante Chevron.
Aunque el Departamento de Estado de los EEUU a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha querido cobijar la decisión con una frazada que invoca medidas humanitarias, nadie debiera dudar que la decisión tenga que ver con los altos precios mundiales del petróleo derivados de la guerra en Ucrania. Pero nos preguntamos, ¿qué puede haber cambiado en el actual régimen venezolano para que las duras sanciones que recibió y cuyas consecuencias enviaron al éxodo a más de siete millones de venezolanos, reciban este alivio? Nada,…
Allí vemos todavía a los inefables Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acompañados por su vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Continúa intacto, también, el llamado Cártel de los Soles o para ser más precisos, el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también la tenebrosa Corporación Siria, liderada por Tareck al Aissami, vicepresidente del Área Económica. Por último y no menos importante, Diosdado Cabello, jefe de la Fuerza Armada, todos ellos considerados por los EEUU y la Unión Europea como miembros de la delincuencia organizada.
EEUU ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, fecha desde la cual introdujo prohibiciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas.
En 2014 una ley estadounidense dio lugar a penalidades contra funcionarios venezolanos a los que acusó de reprimir violentamente las protestas de los venezolanos que pedían elecciones libres y en democracia.
En 2015 el Departamento de Estado declaró la situación de Venezuela como de emergencia nacional, que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. En 2017, después de unas elecciones que desde lejos se notaban amañadas, Estados Unidos impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades ―incluida PDVSA― bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses.
En 2019, en la más controversial de sus decisiones, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó ―un mequetrefe inepto, corrompido, torpe e incompetente― como Presidente Interino de Venezuela, dándole el control de los activos y
propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que llegaba de PDVSA a su unidad estadounidense, Citgo.
El nombramiento desbordó su exigua capacidad intelectual y su competencia para gestionar los enormes recursos petroleros de la nación, sumiéndola en una crisis sin precedentes. El resultado no pudo ser más catastrófico; siete millones de venezolanos deambulando por las carreteras de Suramérica, como un ejército en derrota, arrastrando consigo a niños, mujeres embarazadas y pedazos de cartón y plástico con qué hacer, en cada parada, un improvisado toldo para pasar la noche. Sólo quienes hemos presenciado este apocalíptico espectáculo podemos apreciar hasta qué punto puede llegar la estupidez humana.
Las medidas de la Unión Europea no fueron menos drásticas: embargo de armas, prohibición de exportar bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, prohibición de exportar tecnología y material para la vigilancia o interceptación de telecomunicaciones, prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.
Estas condenas solo han tocado tangencialmente a la cúpula del poder venezolano, cuyos miembros siguen gobernando ―y engordando― sin que el éxodo por hambre de sus compatriotas los conmueva en lo más mínimo.
Hoy, esas sanciones que mandaron a mendigar a millones de venezolanos por todo Suramérica comienzan a relajarse por cuenta del “hambre de petróleo” de los mismos países que las impusieron, algo tan inmoral como las acciones de la cúpula gobernante venezolana que las motivaron. ¿Dónde quedó la justicia…?
Coletilla: Pobre,… buscando agua encontró petróleo pero murió de sed.
Por: Gabriel Taborda eminen51@yahoo.com