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La extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo desde los Estados Unidos a su país natal está revestida de una gruesa capa de simbolismo, muy conveniente para el régimen que finalmente han logrado imponer las élites políticas y económicas en el Perú desde el Congreso de la República.
Cualquiera pensará que este país tiene una democracia efectiva, pulcra y eficiente, que hace cumplir la ley por encima de cualquier ventaja que puedan otorgar títulos, apellidos o cargos, pero la verdad es muy otra y habría que analizarla a partir de 1980, época para la cual el grupo terrorista Sendero Luminoso puso en jaque la institucionalidad del país.
Coincide este periodo con un momento en que el país se halla inmerso en una honda crisis económica ocasionada por el descontrol del gasto público y la mala gestión (y la corrupción) en las políticas económicas de los distintos gobiernos, especialmente el de Alan García quien dejó al país, tras su presidencia, con una monstruosa hiperinflación del 7.649%.
Sobreviene, entonces, el gobierno ― ¿dictadura? ― de Alberto Fujimori quien durante diez años controla con puño de hierro al país, logrando el desmantelamiento del grupo terrorista y la detención de su máximo líder Abimael Guzmán. Es durante ese decenio cuando se inicia el modelo económico de libre mercado ―aún vigente― que permite a las oligarquías económicas criollas “emparentarse” con la política y ordenar, desde sus particulares intereses, quien va o no a la presidencia y quien permanece o no en ella.
Tres años después le dan una vuelta de tuerca a su poder aprobando una constitución que en uno de sus artículos prevé que “la presidencia de la República quedará vacante por incapacidad temporal o permanente del presidente, declarada por el Congreso», como quien dice, “aquí los que realmente mandamos somos nosotros”.
Esto ha abierto las puertas para que la vacancia se convierta en una especie de Espada de Damocles que puede cortar la cabeza a cualquier presidente, con tan solo el voto afirmativo de algunos senadores. Las Empresas Políticas Corruptas, ―mal conocidas como Partidos Políticos― y sus operadores en el Congreso mantienen el control presidencial con este procedimiento, el que les da la posibilidad de cambiar a un Jefe de Estado que no se ciña a sus intereses políticos o económicos y como se ve, no han dudado en utilizarla.
De los 13 mandatarios que ha tenido el país desde 1980, solo Fernando Belaunde Terry (1980-1985), Valentín Paniagua (ocho meses en 2000-2001) y Francisco Sagasti (ocho meses en 2020-2021) salieron indemnes. Todos los demás conocieron la destitución, los tribunales, la cárcel o la tumba. Como diría recientemente un colega peruano, “un trabajo de alto riesgo”.
Los demás ―y la lista es larga―, han comprobado el poder del mencionado articulito de esa Constitución y han sido perseguidos, destituidos y en el peor de los casos, encarcelados. Allí están Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, (QEPD) Ollanta Umala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, este
último destituido por el articulito en mención y preso, sin juicio, desde el 7 de diciembre de 2022.
Lo consiguieron después de más de cinco intentos por destituirlo durante los escasos 500 días que gobernó y de impugnarle el nombramiento de cuatro gabinetes ministeriales que en algunos casos incluía a miembros de la misma oposición, lo cual para los “sepultureros de la democracia peruana” no fueron suficientes.
La crisis se gestó después de una infantil mala jugada política del presidente Castillo para quitarse de encima ese inmoral Congreso y se selló con la traición de su vicepresidenta, la impresentable Dina Ercilia Boluarte Zegarra, hoy atornillada a la silla presidencial por ese mismo Congreso todopoderoso que tiene secuestrada a la democracia del Perú, sin que nada le importen las protestas de una inmensa mayoría de peruanos.
Así las cosas, la extradición del señor Toledo no viene a ser más que un sainete montado a buena hora para desviar la atención pública hacia una trama de corrupción que tiene años de haber sido puesta al descubierto y que viene siendo manejada a cuentagotas por los “sepultureros de la democracia”, cuando hace falta acallar alguna voz discordante o tender una que otra cortina de humo.
Mientras tanto, el presidente Castillo, elegido por los votos de más de la mitad de los peruanos y ajeno a cualquier intriga de corrupción, permanece detenido e incomunicado en el mismo penal donde purga su larga condena Alberto Fujimori. Allí, probablemente tendrá también su suite presidencial don Alejandro Toledo. ¡Que viva la Democracia!
Coletilla: La democracia es creer que una multitud de idiotas juntos puede resolver mejor los problemas que un idiota solo.
Gabriel Taborda eminen51@yahoo.com
