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Estados Unidos aseguró control mayoritario de las reservas petroleras venezolanas mediante un acuerdo histórico negociado tras la captura de Nicolás Maduro. El pacto redefine la geopolítica energética del continente y abre una nueva etapa para la industria petrolera venezolana.
En agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo sin precedentes con la administración interina de Venezuela, encabezada por Delcy Rodríguez. El pacto, presentado por el presidente Donald Trump como “el mayor negocio petrolero en la historia del mundo”, otorga a Estados Unidos una participación mayoritaria en el desarrollo de más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano.
La negociación fue liderada por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, quienes estructuraron una alianza con empresas privadas para operar 17 campos petroleros estratégicos bajo contratos de 100 años. Según la versión oficial, el acuerdo no implica costos para el contribuyente estadounidense y promete una expansión significativa de la producción petrolera en los próximos años.
Para Venezuela, el pacto representa una oportunidad de reconstruir su deteriorada infraestructura energética. Las autoridades estiman ingresos superiores a los 200.000 millones de dólares y la llegada de inversiones privadas que podrían superar los 100.000 millones. Sin embargo, expertos advierten que la recuperación de la capacidad productiva tomará tiempo y enfrentará desafíos técnicos y legales.
El contexto geopolítico también influyó en la rapidez del acuerdo. La captura de Nicolás Maduro nueve meses antes, junto con la crisis global provocada por la guerra en el Estrecho de… Sigue leyendo
Un informe filtrado de un gran jurado estatal ha encendido un escándalo político en Florida al detallar presuntas irregularidades en el manejo de $10 millones provenientes de un acuerdo de Medicaid.
Según el documento, los fondos —parte de un arreglo de $67 millones con la empresa Centene por sobrecobros al programa— habrían sido desviados hacia organizaciones vinculadas a aliados del gobernador Ron DeSantis, y posteriormente utilizados para actividades políticas.
El dinero fue canalizado inicialmente a la Hope Florida Foundation, una entidad asociada a la primera dama Casey DeSantis. De allí, según el informe, los recursos se distribuyeron a dos organizaciones sin fines de lucro que, a su vez, transfirieron fondos a comités políticos. Uno de estos comités estaba bajo control del entonces jefe de gabinete del gobernador, James Uthmeier, quien posteriormente se convirtió en candidato republicano a la Cámara de Representantes.
El gran jurado concluyó que el proceso constituyó un “misuso de dinero público” y describió el esquema como una estructura diseñada para financiar actividades políticas, incluyendo la campaña contra una enmienda electoral de 2024 que buscaba legalizar la marihuana recreativa en Florida. No obstante, el panel decidió no presentar cargos criminales, argumentando que ningún funcionario pudo recordar quién autorizó el desvío de fondos, lo que imposibilitó establecer responsabilidad directa.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El gobernador Ron DeSantis calificó el informe como un “hoax”, asegurando que el acuerdo con Centene fue legal y que los fondos se utilizaron conforme… Sigue leyendo
