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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que su gobierno solicitó oficialmente el apoyo de Estados Unidos para enfrentar la creciente amenaza de los carteles de droga y las organizaciones narcoterroristas que operan en el país. La petición fue recibida por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que Washington está preparado para coordinar acciones conjuntas en territorio colombiano.
La solicitud incluye la participación de unidades especializadas de EE.UU. en operaciones de inteligencia, interdicción aérea y terrestre, y apoyo táctico en zonas de alta presencia criminal. Esta decisión marca un giro estratégico en la política de seguridad colombiana y un acercamiento directo al enfoque regional impulsado por la administración Trump.
Como parte de este nuevo alineamiento, Colombia ingresó como miembro número 19 al Escudo de las Américas, una coalición hemisférica creada para combatir redes criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza y desmantelar las finanzas de los carteles. El bloque coordina esfuerzos entre países aliados para enfrentar amenazas que superan las capacidades individuales de cada nación.
El gobierno estadounidense anunció que evalúa un paquete de 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad, destinado a reforzar capacidades operativas, tecnología de vigilancia y entrenamiento militar. Analistas consideran que esta alianza podría redefinir el equilibrio regional en la lucha contra el narcotráfico.
La decisión también simboliza el cierre de un periodo de tensiones diplomáticas entre Washington y el expresidente Gustavo Petro, dando paso a una relación “cercana y afín” entre Trump y De la Espriella. Ambos… Sigue leyendo
Cuba vive un momento de tensión política marcado por apagones prolongados, escasez y creciente descontento ciudadano. Los cortes eléctricos, que en varias provincias superan las 8 horas diarias, han provocado protestas espontáneas en barrios de Santiago, Holguín y Matanzas, donde vecinos golpean ollas, bloquean calles y exigen soluciones inmediatas. Autoridades locales reconocen “dificultades severas” en la generación eléctrica, pero piden calma mientras intentan estabilizar las plantas termoeléctricas.
El descontento social se mezcla con reclamos políticos. Grupos ciudadanos y activistas denuncian falta de transparencia en la gestión energética y cuestionan la respuesta del gobierno ante la escasez de alimentos, medicinas y agua potable. En La Habana, varios sectores reportan colas de horas para conseguir productos básicos, lo que ha aumentado la presión sobre las autoridades municipales.
La crisis también afecta la gobernabilidad. Funcionarios admiten que la situación económica limita la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales, mientras sectores críticos dentro de la isla señalan que la falta de reformas profundas mantiene al país en un ciclo de deterioro. Analistas independientes advierten que, si no se estabiliza el suministro eléctrico y no se atienden las necesidades básicas, el país podría enfrentar nuevas manifestaciones en las próximas semanas.
Organizaciones internacionales piden respeto a las libertades civiles y diálogo con la población para evitar una escalada de tensión. La situación sigue en desarrollo y requiere verificación constante con fuentes confiables.
Fuente: El Latino Semanal, Inc.
