Venezuela enfrenta una de las peores emergencias de su historia reciente: más de 920 muertos, más de 3.300 heridos y decenas de miles de desaparecidos tras el terremoto de 7.5 que devastó La Guaira, Caracas y Miranda. Las primeras 72 horas revelaron un país fracturado, donde la población asumió tareas que normalmente corresponden al Estado.

En las zonas más golpeadas, los rescates comenzaron con vecinos usando palas, cuerdas y sus propias manos. Familias enteras duermen en calles, estacionamientos y plazas, mientras hospitales operan con plantas eléctricas y personal agotado. La ONU calificó la situación como “una emergencia extremadamente compleja”, con más de 50.000 personas sin localizar.

La infraestructura —ya debilitada por años de abandono— amplificó el desastre: edificios sin mantenimiento, carreteras agrietadas, acueductos rotos y fallas masivas de electricidad y comunicaciones. El aeropuerto de Maiquetía funciona parcialmente, complicando la llegada de ayuda internacional.

Equipos de rescate de Estados Unidos, Brasil, India, España, México y otros países ya trabajan en el terreno, pero la logística es lenta y desigual. En muchos sectores, la única estructura operativa es la solidaridad ciudadana.

El terremoto no solo derribó estructuras: dejó al descubierto la fragilidad institucional y la resiliencia de un pueblo que, aun sin Estado, se organiza para sobrevivir.